En esta guía
La malversación es el delito del funcionario que da a los fondos públicos un destino distinto al previsto, y la Ley Contra la Corrupción la regula en los artículos 63 y 64 sin usar esa palabra.
Qué dice la ley
La funcionaria pública o funcionario público que ilegalmente diere a los fondos o rentas a su cargo, una aplicación diferente a la presupuestada o destinada, aun en beneficio público, será penada o penado con prisión de tres meses a tres años, según la gravedad del delito.
La funcionaria pública o funcionario público que por dar ilegalmente a los fondos o rentas a su cargo una aplicación pública diferente a la presupuestada o destinada, causare daño o entorpeciera algún servicio público, será penada o penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años.
Qué significa en la práctica
En estos artículos lo que se castiga es cambiar ilegalmente el destino de los fondos, no apropiárselos.
El artículo 63 se aplica a la funcionaria o el funcionario que ilegalmente da a los fondos o rentas a su cargo una aplicación diferente a la presupuestada o destinada.
Ese artículo aclara que el delito existe aun cuando el nuevo destino sea en beneficio público, lo que muestra que la ley protege el respeto al presupuesto.
La pena del artículo 63 es de prisión de tres meses a tres años, según la gravedad del delito.
El artículo 64 contempla un caso más grave, cuando esa aplicación pública diferente causa daño o entorpece algún servicio público, y allí la pena es de prisión de seis meses a cuatro años.
En ambos artículos son claves las expresiones «ilegalmente» y «a su cargo», porque el delito requiere que el funcionario tenga esos fondos bajo su responsabilidad y que el cambio de destino no tenga respaldo legal.
Por eso, en la defensa suele ser importante revisar si el cambio de destino contó con una autorización o un acto administrativo que lo respaldara.
También conviene revisar quién tenía realmente los fondos a su cargo, ya que no todos los funcionarios de un organismo administran su presupuesto.
Un ejemplo
Imagina, como caso hipotético, que el director de un hospital público usa sin autorización el dinero asignado a la compra de medicinas para pintar la fachada del edificio.
Aunque la pintura beneficie al hospital, el artículo 63 castiga dar a los fondos una aplicación distinta a la presupuestada aun en beneficio público.
Si además la falta de medicinas entorpeciera la atención a los pacientes, el caso podría encuadrar en el artículo 64, que prevé una pena mayor.
Preguntas frecuentes
¿Es delito usar fondos públicos en otra obra útil?
Puede serlo, porque el artículo 63 castiga la aplicación ilegal distinta a la presupuestada aun cuando sea en beneficio público.
¿Qué diferencia hay entre los artículos 63 y 64?
El artículo 64 se aplica cuando el cambio de destino causa daño o entorpece algún servicio público, y por eso tiene una pena mayor.
¿Qué pena tiene la malversación?
La pena es de tres meses a tres años de prisión en el artículo 63 y de seis meses a cuatro años en el artículo 64.
Esta explicación es información general y no sustituye la asesoría de un abogado sobre tu caso concreto.