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Víctor GinaAbogado
Leyes comentadas

Artículo 53 de la Ley Contra la Corrupción: enriquecimiento ilícito

Qué dicen los artículos 53, 54 y 80 de la Ley Contra la Corrupción sobre el enriquecimiento ilícito, cómo se determina y qué pena prevé.

En esta guía

El enriquecimiento ilícito es el aumento de patrimonio de un funcionario que no guarda proporción con sus ingresos y que no puede justificar, y la Ley Contra la Corrupción lo define en el artículo 53 y fija su pena en el artículo 80.

Qué dice la ley

Ley Contra la Corrupción, artículo 53

Incurre en enriquecimiento ilícito la funcionaria pública o funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos, que no pudiere justificar requerido y que no constituya otro delito.

Para la determinación del enriquecimiento ilícito de las personas sometidas a esta Ley, se tomarán en cuenta:

1. La situación patrimonial de la investigada o investigado.

2. La cuantía de los bienes objeto del enriquecimiento en relación con el importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios.

3. La ejecución de actos que revelen falta de probidad en el desempeño del cargo y que tengan relación causal con el enriquecimiento.

4. Las ventajas obtenidas por la ejecución de contratos con alguno de los entes indicados en el artículo 4 de esta Ley.

Ley Contra la Corrupción, artículo 54

Además de las personas indicadas en el artículo 3 de esta Ley, podrán incurrir en enriquecimiento ilícito:

1. Aquellas a las cuales se hubiere exigido declaración jurada de patrimonio, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de esta Ley.

2. Aquellas que ilegalmente obtengan algún lucro por concepto de ejecución de contratos celebrados con cualquiera de los entes u órganos indicados en el artículo 4 de esta Ley.

Ley Contra la Corrupción, artículo 80

La funcionaria pública o funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos, que no pudiere justificar, y que haya sido requerido debidamente para ello y que no constituya otro delito, será sancionada o sancionado con prisión de tres (3) a diez (10) años. Con la misma pena será sancionada la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado.

Qué significa en la práctica

El artículo 53 describe el delito con varios elementos que conviene leer por separado.

  • Que la persona sea funcionaria o funcionario público, o una de las personas que añade el artículo 54.
  • Que el incremento patrimonial se haya obtenido en el ejercicio de sus funciones.
  • Que ese incremento sea desproporcionado con relación a sus ingresos.
  • Que no pueda justificarlo cuando se le requiera y que el hecho no constituya otro delito.

Para medir esa desproporción, el mismo artículo manda tomar en cuenta la situación patrimonial del investigado, la cuantía de los bienes frente a sus ingresos y gastos ordinarios, los actos que revelen falta de probidad relacionados con el enriquecimiento y las ventajas obtenidas en contratos con entes públicos.

El artículo 54 extiende el delito a quienes se les haya exigido la declaración jurada de patrimonio según el artículo 33 y a quienes obtengan ilegalmente algún lucro por contratos con órganos o entes públicos.

La pena aparece en el artículo 80, que prevé prisión de tres a diez años para el funcionario que no justifica el incremento después de haber sido requerido debidamente para ello.

El mismo artículo 80 castiga con igual pena a la persona interpuesta que sirve para disimular el incremento, lo que en el habla común se llama testaferro.

Un punto central es el requerimiento, porque el texto castiga un incremento que el funcionario no pudo justificar después de que se le pidiera hacerlo.

Por eso, en estos casos suele ser decisivo reunir documentos que expliquen el origen de cada bien, como contratos, herencias, préstamos o ingresos distintos del sueldo.

Un ejemplo

Imagina, como caso hipotético, que una funcionaria con un sueldo modesto compra en pocos años dos inmuebles y un vehículo de alta gama.

Si el Ministerio Público le requiere que explique el origen de esos bienes y ella demuestra con documentos que provienen de una herencia, falta uno de los elementos del artículo 53, que es la imposibilidad de justificar.

Si en cambio no logra justificarlos, el caso podría encuadrar en el delito, siempre que se acrediten también los demás elementos.

Preguntas frecuentes

¿Tener más bienes que antes ya es delito?

No, el artículo 53 exige que el incremento sea desproporcionado con los ingresos y que no pueda justificarse cuando se requiera.

¿Puede cometerlo alguien que no es funcionario?

Sí, el artículo 54 incluye a ciertas personas que no son funcionarios y el artículo 80 castiga también a la persona interpuesta que ayuda a disimular el incremento.

¿Qué pena tiene el enriquecimiento ilícito?

El artículo 80 prevé prisión de tres a diez años.

Esta explicación es información general y no sustituye la asesoría de un abogado sobre tu caso concreto.

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